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«Agudización de la competencia internacional: ajuste sí, capitulación no. • Presión sobre salarios y estándares sociales: la espada de Damocles ...»

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• La producción mundial no es un juego de suma cero, en el que las nuevas capacidades productivas construidas en la zona de localización industrial “A”, junto con los correspondientes puestos de trabajo, reemplazan las capacidades productivas de la zona “B”. La economía mundial crece y la apertura de nuevas zo nas de localización industrial para el mercado mundial es parte constitutiva del proceso de crecimiento mundial. En consecuencia, el ajuste necesario en los “viejos” lugares de emplazamiento, es un “ajuste estructural”. Esto significa el abandono de antigu as áreas de producción y el surgimiento de otras nuevas. Desde ya, que esta observación no aplaca el problema del traslado de la producción y del deterioro salarial y social que esto implica. Existe la posibilidad de que se den procesos de traslados de la producción, que no se vean compensados a través de desarrollos productivos nuevos. Este fantasma se cierne cual espada de Damocles sobre las zonas de emplazamiento industrial con altos salarios. Sin embargo, el desplome de esta espada requeriría que la velocidad y amplitud del proceso de traslado opaque el proceso de innovación permanente. Hasta el momento, no se ha constatado un fenómeno de este tipo.

• Hasta ahora, hay una muy escasa disponibilidad de zonas de emplazamiento industrial baratas para la producción hacia el mercado mundial. Muchas zonas de emplazamiento no son aptas para el mercado mundial, porque no están dadas las condiciones sociales, culturales, políticas y, a menudo, tampoco socioeconómicas.

También sucede que otras zonas de producción industrial sólo se prestan para un pequeño espectro de procesos productivos. El desarrollo de otras posibilidades requiere tiempo. Mientras tanto, también continúa el proceso de innovación en los centros industriales del mundo.

• El traslado de la producción siempre está vinculado con altos costos de transacción para las empresas. Es por este motivo que las decisiones sobre traslados de la producción no se toman rápidamente. Cuando se opta por medidas de este tipo, tampoco se revierten tan rápidamente.

A modo de balance intermedio, se puede afirmar que existe una presión cada vez mayor hacia procesos de ajuste, que se origina en la creciente competencia internacional. Sin embargo, esto no significa que exista la necesidad de bajar sistemáticamente los costos salariales y sociales. La competencia del Tercer Mundo que ofrece sus productos a menores precios, en general no ha demostrado, hasta ahora, ser una amenaza social para las zonas de emplazamiento con altos salarios. La perspectiva que presentan en este sentido cada una de las ramas productivas afectadas, refleja una imagen falsa. A pesar de este diagnóstico, no deja de ser cierto que hoy en día las empresas tienen mucha mayor movilidad internacional y, en principio, pueden escoger entre distintas ofertas en lo que hace a zonas de localización industrial – y en este sentido, el costo del factor trabajo resulta decisivo. Para los trabajadores y para el Estado, esto significa que no pueden someter a las empresas a niveles de presión tan altos como en tiempos anteriores. Tanto la soberanía respecto de las condiciones productivas que determinan los costos, como, por ejemplo, la huelga general, se han convertido en armas poco eficaces. El empresariado tiene muchas más posibilidades que antes de poner en juego una zona de localización industrial contra otra, o a un sector de los trabajadores contra otro. Sin duda, su posición de negociación en el “póker distributivo” inmediato ha mejorado, en tanto que ha empeorado la de los trabajadores y la de los Estados como representantes de los intereses de la población de la zona de localización industrial en cuestión. Sin embargo, las empresas se encuentran permanentemente en un campo de batalla con dos frentes de lucha, por así decirlo. Por una parte, negocian con los factores oferentes en torno a las condiciones más favorables posibles, por la otra, compiten con otras empresas por los favores de los destinatarios de la producción, en definitiva, los consumidores. De este modo, la competencia los obliga a trasladar a sus clientes las ventajas logradas en los costos y que corren a cuenta de sus proveedores – entre ellos se encuentran también los factores oferentes –. Lo que pierde el trabajador, lo gana, según este esquema, el consumidor. Como los trabajadores también son consumidores, ganan -a través de los mercados de bienes y servicios- una porción más o menos significativa de lo que han perdido en manos de los mercados condicionados por la globalización. La pregunta es hasta qué punto las empresas deben realmente someterse a la competencia de precios, o si tienen posibilidades de evitarla a través de diferenciaciones de sus productos, cooperación oligopólica y otras tácticas. Cuanto más aguda sea la competencia en el mercado de bienes, tanto mejor para los consumidores, incluidos los trabajadores. Por otra parte, también crecerá en igual medida la presión que ejercen las empresas sobre sus “proveedores”, es decir, los trabajadores.

Plataformas de acción para el fortalecimiento de la posición de los trabajadores en el “póker distributivo”: poder de negociación, poder de mercado, poder del Estado Los esfuerzos por limitar la redistribución de “abajo hacia arriba”que se da como consecuencia de la globalización apuntan típicamente – como es comprensible– a aquellos mecanismos que han garantizado los intereses sociales a nivel nacional y que ahora se ven sometidos a presiones por la competencia del mercado mundial. Existen dos mecanismos





que resultan centrales en este sentido:

• la cartelización de la oferta laboral a través de los sindicatos – es decir la exclusión de la competencia entre quienes buscan trabajo;

• la determinación de las condiciones de trabajo y de remuneración a través de una instancia soberana, el Estado.

Ambos procesos se entremezclan con una mayor movilidad de las empresas en lo que respecta a su sitio de localización productiva. Esto provoca que el sector trabajador nacional y el Estado nacional compitan con otros sectores de trabajadores y otros Estados.

La respuesta lógica a este desplazamiento del poder de negociación es un acuerdo sobre las posiciones de negociación entre cada uno de los sectores trabajadores y entre cada uno de los Estados involucrados, que vaya más allá de las fronteras. Esto pone de manifiesto problemas de orden técnico y logístico, aunque también cuestiones de principios. Los acuerdos más allá de las fronteras requieren cierto despliegue organizativo que supera los recursos disponibles actualmente, al menos, en los sindicatos. Lo que es más importante, sin embargo, es el hecho de que cada una de las zonas de localización industrial se encuentra en una situación de competencia real con las demás. Frente al interés por una posición de negociación más fuerte en el “póker distributivo” con las empresas, se contrapone el interés por una porción, en lo posible grande, de la “torta del mercado mundial” cedida por las empresas, con todos los puestos laborales, ingresos por recaudación impositiva, etc. que ello implica. Los carteles siempre resultan vulnerables frente a la concurrencia externa agresiva. Si, por ejemplo, la mayoría de la Unión Europea debiera concordar en pautas comunes en lo que respecta a reglamentación de la jornada de trabajo, de las vacaciones o de la protección frente al despido, y, digamos, Gran Bretaña e Irlanda no quisieran adherir, la cuestión fracasaría. Al menos fracasaría, si las reglamentaciones mencionadas realmente se consideran relevantes para la capacidad competitiva debido a los costos que implica, y dado que la preservación de los puestos de trabajo es una cuestión política dominante.

Una forma de evitar esto, es el disciplinamiento de los agentes externos a través de la afirmación de la soberanía. No existe un Estado supranacional con el correspondiente poder coactivo. Sin embargo, en su lugar podrían surgir estándares internacionales vinculantes, que, una vez acordados, sean establecidos por cada país de allí en adelante. Pero, ¿cómo se puede superar el problema de los agentes externos al pautar este tipo de instancias por primera vez? Una vía posible serían los acuerdos entre mayorías, que resulten vinculantes también para las minorías. En este momento, en la Unión Europea se lucha en esta dirección. Otra posibilidad es la moderación de los estándares hasta un grado que permita consenso. Esto es lo que hay detrás de los así llamados “estándares mínimos”. El dilema que presentan es que la reducción del valor normativo necesaria para el consenso, también reduce el impacto social buscado.

De esta forma, los estándares sociales mínimos que se negocian en la actualidad y por los cuales se lucha tenazmente a nivel internacional – es decir, prohibición del trabajo infantil y del trabajo esclavo, prohibición de la discriminación y libertad para la representación de intereses sindicales – resultan muy poco apropiados para reducir efectivamente la presión de la competencia internacional sobre los salarios y la cobertura social. En todo caso, sirven para imponer el respeto por derechos esenciales con la ayuda de acciones de sanción.

Incluso, en este punto, el impacto real y el efecto buscado, no se articulan en una relación unívocamente positiva. Pero, no se trata aquí de debatir esta cuestión.

Si se trata de reubicar a las empresas con movilidad transnacional, en el marco de sus obligaciones sociales nuevamente, el camino de los acuerdos internacionales tiene límites estrechos. Esto significa, que lo que queda es la vía del poder del Estado y del poder del mercado.

• Optar por la vía del poder del Estado exige como condición previa la ampliación del área de impacto del Estado en el mercado mundial. Para ello se requieren Estados más grandes, cuyas economías nacionales no se vean expuestas al mercado mundial bajo cualquier circunstancia y, cuyas reglamentaciones puedan traducirse en presión efectiva cuando sea necesario, como para que los agentes externos de cooperación no sean excluidos del mercado nacional – lo que desde luego requiere también una revisión de las reglamentaciones actuales de la OMC. La reunión de los Estados europeos en una configuración supraestatal, que también tiene competencias regulatorias en el área social, podría servir a estos efectos. Porque entonces sería la conformación de voluntades internas de Europa, la que decide en qué medida se observa el potencial de bloqueo recientemente ganado. Del mismo modo que en los EEUU tampoco son las compulsiones del mercado mundial las que deciden, sino las relaciones de las mayorías dentro del territorio norteamericano.

• El camino del poder del mercado conduce a que las fuerzas de trabajo sean escasas, y, por ello, la competencia por dumping no tenga cabida en el mercado laboral. Esto requeriría hoy un crecimiento económico relativamente alto. En un futuro no muy lejano, el envejecimiento existente en todas las sociedades occidentales podría provocar escasez de la fuerza de trabajo necesaria, y de esta forma, se tornaría superfluo el problema de la presión sobre salarios y estándares sociales condicionada por la globalización.

La alternativa general del restablecimiento del amenazado poder de negociación de los trabajadores, es lo que asegura la cuestión de la redistribución a través de la competencia en los mercados productivos. En este sentido habría que garantizar que no se conformen grupos privilegiados de trabajadores que se aseguren buenos ingresos en sus respectivos segmentos del mercado laboral y aprovechen las ventajas en los precios, resultado de los salarios deprimidos de otros grupos de trabajadores (por ejemplo, el personal de servicio).

Esto significaría la explotación de los trabajadores mal remunerados por parte de aquellos bien remunerados (y no a través de las empresas). En la medida en que sectores de los trabajadores logren conformar cárteles a nivel internacional y, de esta forma, puedan luchar por altos salarios también en los mercados internacionales pero otros sectores de los trabajadores no puedan hacerlo, surgirán exactamente este tipo de situaciones.

También habría que asegurar que ante la agudización de la competencia, no se sacrifiquen determinados derechos que deberían ser innegociables, por ejemplo, la protección para la maternidad, la seguridad física en el puesto de trabajo o la cobertura médica adecuada. En este sentido, se pueden implementar dos mecanismos.

• Separar aquellos asuntos que no deben ser regulados necesariamente a nivel de las empresas o de la fábrica (por ejemplo, cobertura médica) del status de trabajador y vincularlos con el status ciudadano. La financiación tendría lugar entonces a través de aportes de los ciudadanos – incluidos los trabajadores – que se efectúan directamente a la obra social o al presupuesto nacional que, a su vez, financiaría el sistema de cobertura de salud. Esta vía reduce el problema –en definitiva, ficticio – de los costos salariales y traslada el objetivo social correspondiente, desplazándolo de la competencia por los costos a los mercados de bienes.

• Aquellos asuntos que están vinculados indisolublemente al trabajo, pueden regularse legalmente a nivel nacional. Los costos adicionales eventuales que puedan surgir en una zona de localización nacional -porque otras zonas de localización tengan reglamentaciones más laxas-, pueden neutralizarse a través de reducciones salariales (financiamiento a cargo de los trabajadores), o desde de la caja del Estado (financiamiento a cargo del ciudadano). En las condiciones planteadas más arriba, esto no equivaldría a ningún subvencionamiento a la empresa. Obligada por la competencia, esta trasladaría todas las ventajas en los precios a los consumidores.

Sin embargo, a su vez serían los consumidores nacionales quienes, en mucha mayor medida, renunciarían a una parte de esas ventajas en los precios en aras de imponer los intereses sociales declarados políticamente prioritarios. O bien serían los trabajadores quienes optarían, por ejemplo, por una combinación de algo más de vacaciones y algo menos de salario.



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